César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, considera que existen dos puntos fundamentales necesarios para elevar el crecimiento económico durante el gobierno de Martín Vizcarra: preservar la estabilidad fiscal y enfrentar el problema de las instituciones, es decir reducir el gasto del Estado y combatir a la corrupción.
¿Qué ha pasado con el crecimiento económico del país?
Habría que dar una análisis rápido de los últimos dos o tres años. La economía peruana a partir del 2014, que tuvo un crecimiento de 2.4%, a la fecha viene creciendo a un ritmo bastante bajo. En promedio la economía está creciendo 3%, considerando el crecimiento del 2014 al 2017. Es un nivel bajo para los requerimientos que tenemos como país, que son bajar la pobreza y dar empleo a los 270 mil nuevos trabajadores que se incorporan anualmente a la economía. El Perú tendría que crecer de 3.5% a 4% anualmente para atender estos requerimientos.
Pasamos del crecimiento de 6% promedio anual en la década pasada, al 3% anual estos años. ¿Qué sucedió?
Esto no se debe a un problema externo, pues las condiciones son similares a las de la década pasada. Son problemas internos que han generado una caída significativa en las inversiones. La inversión privada viene tres o cuatro años cayendo y la inversión pública ha tratado de recuperarse, pero sigue creciendo muy poco. Una inversión decreciente lleva a tener poca posibilidad de generar empleo y poca posibilidad de activar la economía. Además, el otro motor del crecimiento que es la productividad, que nos permite ganar competitividad, también ha estado cayendo.
¿Qué afectó la inversión en el país?
La inversión ha sido impactada en gran medida por la incertidumbre aguda que ha creado la crisis política que ha enfrentado el país. Una crisis política que no se sabía cómo iba a terminar. Que se ha reducido significativamente a raíz del nombramiento del vicepresidente siguiendo el cauce constitucional, muy importante para los agentes externos. La incertidumbre y desconfianza afecta la toma de decisiones de los empresarios. Además, también se descuidó la inversión en infraestructura y otros aspectos propios que ayudan a subir la productividad.
¿Tenemos superada la incertidumbre y la desconfianza?
Todavía queda la interrogante hacia adelante: ¿en cuánto tiempo más tendremos un buen ambiente del Congreso en favor de poder trabajar conjuntamente con el Ejecutivo? ¿Cómo y cuándo concluirá el tema Lavajato? Además, también añade a la incertidumbre política que nos encontremos en un año electoral. Entonces, hay una reducción significativa de la incertidumbre con la mejora del ambiente político y esperamos que este año la economía pueda crecer a 3.5%.
Tenemos nueva administración en el Ejecutivo, ¿cuáles deberían ser sus siguientes pasos en materia económica?
Hay un análisis político previo que no se está enfocando adecuadamente. Se habla mucho de que el ejecutivo actual tiene 3 años para hacer todo lo que corresponde para reactivar la economía y poner buena ruta. Olvidándose que el Congreso también tiene 3 años para sacar las leyes que requiere el país. Acá hay una exigencia previa que tienen tanto el Ejecutivo y Legislativo para trabajar por el país de una manera coordinada y conjunta. De lo contrario será difícil dinamizar la economía.
¿Qué temas debería priorizarse entonces?
Son dos las primeras medidas que considero fundamentales para consolidar los cimientos del crecimiento. Primero, preservar la estabilidad fiscal. En estos momentos preocupa la caída de la recaudación o el crecimiento de los gastos corrientes e inversión que tiene que hacer el Ejecutivo, estamos alcanzado un déficit del 3.5% sobre el PBI. Segundo, enfrentar el tema institucional. Esto es desaparecer la corrupción, reducir la inseguridad e imponer el imperio de la ley. Ambas medidas demandan una acción coordinada del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Considero que debería establecerse formalmente un Consejo de Estado.
¿Qué debe hacer el Estado ahora?
Quisiera reiterar que esta agenda, o cualquier otra agenda similar o parecida, no se podrá llevar adelante si el Ejecutivo y el Legislativo no coadyuvan a sacar esto adelante. No es una tarea exclusiva del Ejecutivo. Tenemos que tener muy claro que acá se requiere una acción coordinada de ambos poderes de Estado, y además del Poder Judicial para la estabilidad jurídica. Esto sería un prerrequisito político detrás de todo esto.
12-04-2018 / GS1 Perú
